jueves, 13 de mayo de 2010

¿Dónde hay que recortar?


Parece ser (no hay que creer necesariamente lo que dice un economista) que el Estado gasta mucho dinero y que es imprescindible que ahorre para que todo esto no se vaya a hacer puñetas.

Por una de esas extrañas vueltas que da la vida, resulta que a la hora de decidir en qué ahorrar han decidido que van a ahorrar en nosotros (sobre todo en funcionarios y pensionistas).

Ciertamente, tales iniciativas han sido criticadas... generalmente por considerar que se tenían que haber tomado antes (o sea, que han malgastado demasiado en darnos de comer) o que son insuficientes. Cuando se intenta uno enterar en qué se tendría que recortar además (o en vez de) no recibe más que una serie de razones oscuras o demagógicas, pero se queda con la sensación que lo que se quiere es hacernos "pagar" más, y no menos.

De lo hecho cada cual tendrá su opinión y no es mi intención convencer a nadie de nada, así que cada cual la sustente como tenga por bien. Pero en cuanto a lo que se puede hacer, vamos a emprender un ejercicio constructivo y sugerir de dónde puede recortar más gastos el Estado, en vista de que todos parecen estar faltos de ideas, y sin perjuicio de mejor criterio.

Están en primer lugar todas esas organizaciones privadas que estamos ayudando a mantener. Se me ocurren dos ejemplos claros: la iglesia y los sindicatos. Tanto una como los otros se han acomodado en la vida de subvención y han dejado abandonadas a sus bases, en vista de que no las necesitan para subsistir. En ambos casos la pertenencia a estas organizaciones es voluntaria. Y aunque supuestamente cumplen con una labor social, y es evidente también que en su seno hay personas que realmente se preocupan y trabajan por el bien de los demás, (usted que está leyendo esto es un buen ejemplo) en general sus filas se componen de arribistas que tratan más bien de sobrevivir sin trabajar que otra cosa.
La solución para éstos es que sean sus propios afiliados los que costeen los gastos de la organización. Ello sin duda redundaría en beneficio de todos, pues entonces estas organizaciones se preocuparían de que sus bases estuvieran contentas, realizando seguramente una labor mucho más cercana a aquella en la que estaban pensando sus respectivos fundadores.

Después están otras organizaciones que, con escaso rigor jurídico, podemos considerar semipúblicas, como es el caso de los partidos políticos. Ciertamente su papel en la organización de la sociedad es importante (excesivo, creo yo, pero hay que contar con lo que se tiene). Hay mucha gente "viviendo" a costa de los partidos políticos, y estos viven en gran parte de los presupuestos del Estado. Como en el caso anterior, creo que deben ser sus simpatizantes o afiliados los que sufraguen su supervivencia.
Hay aquí ciertamente un riesgo: que en la necesidad de recaudar dinero se dejen seducir por intereses espúreos y tengan que devolver, también a cuenta de todos, los favores obtenidos. Bueno, pues demasiado tarde, ya lo están haciendo. Así que lo mejor es que los donativos tengan que ser públicos (un sitio en internet podría ser la mejor opción) y así que cada uno sepa con quien se está jugando los cuartos. Y por lo menos que no nos cueste dinero.

Lo siguiente es profundizar en ciertas cuestiones presupuestarias, sobre todo en relación con administraciones locales y autonómicas y también con las universidades, por poner sólo tres ejemplos. No se trata sólo del dinero que ganan los funcionarios (que en general no es demasiado, la verdad). La sangría viene por todos esos coches oficiales, pequeñas obras públicas ofrecidas a dedo, plantillas sobredimensionadas, gastos superfluos en equipos innecesarios o que acaban en manos "particulares" y un largo etcétera.
Aquí lo que es necesario, y lo que le falta sin duda a la organización administrativa, es una jerarquía efectiva y no sujeta al poder político. Ciertamente este planteamiento es utópico, pues este poder sobre el papel existe, pero por desgracia en la práctica suele diluirse en corporativismos y pasotismos, y en el enfermizo intento de no causar problemas al poder político.
Es aquí sin duda donde se encuentra la parte del león de nuestro déficit. Sólo los ayuntamientos tienen un déficit cercano a los 30.000.000.000 € (en número impresiona más).
A pesar de ello, siguen teniendo multitud de coches oficiales, carguillos, comisiones, mariscadas, etc. Lo mismo ocurre en las administraciones autonómicas. Todos ellos se amparan en que la culpa es del "Estado". Error. Ellos son Estado. No pueden seguir aprovechándose de que la recaudación la hacen otros para tirar la piedra y esconder la mano.
¿Tal vez unas comunidades autónomas que recauden sus propios impuestos? ¿Mejor un Estado Federal? No veo por qué no, si eso evita que nos cueste tanto dinero invisible (pues no se ven los resultados de la inversión por ningún lado).

De todas formas, tenemos sobre 2.700.000 funcionarios. ¿Tantos necesitamos? ¿Cuántos cargos políticos tenemos?

Es aquí donde está el secreto, créanlo. Pero claro, nadie tira piedras contra su propio tejado.

A no ser que el arreglo lo pague otro y él se lleve comisión, claro.



 
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